El juez procesa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso

Una actitud "frenética" para "ganar el relato"

El juez presume como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales", el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

Añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con Pilar Rodríguez minutos después, tras la cual ésta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle por encargo de García Ortiz que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo.

Entre esos correos, que Rodríguez facilitó a García Ortiz, figuraba uno de 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. Dicho correo, según indica el auto, concluía diciendo: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

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Publicidad previa en los medios al comunicado de la Fiscalía

El auto del instructor señala que “la finalidad" de solicitar estos correos era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico particular, no oficial, de Álvaro García Ortiz, tal y como él le había indicado y así hizo Rodríguez.

Todo ello, según el magistrado, para que García Ortiz, con la colaboración de Rodríguez, acabara facilitando dichos correos a la Cadena Ser "para que le diera publicidad" y "conscientes ambos" de que revelaría el confidencial contenido de ese correo, "lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”.

Dicho medio, prosigue Hurtado, añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas.

La elaboración del comunicado de la Fiscalía de Madrid

A raíz de todo esto, prosigue el auto, García Ortiz "se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a Pilar Rodríguez, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024”.

La resolución agrega que, paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el citado correo, "se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid" en contra de Ayuso.

El instructor subraya que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía”. “Además, añade el juez, la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución.

En el auto, el magistrado ve "relevantes" los indicios conseguidos en virtud de los dos autos de entrada y registro de 30 de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid y el acopio de material informático y dispositivos móviles intervenido en los mismos. También en declaraciones de los investigados y las testificales. Y señala además la evidencia de que el propio García Ortiz había borrado toda la información que contenían sus dispositivos, convirtiendo la diligencia relativa a su dispositivo en inocua.

Rechaza los argumentos de la defensa

La defensa de García Ortiz y de Pilar Rodríguez mantenían en sus escritos que los hechos no son constitutivos de revelación de secretos porque la información había sido difundida con anterioridad y por ello no integraría el elemento objetivo necesario que requiere este tipo penal porque entienden que no puede considerarse como secreto lo que ya ha sido divulgado.

El magistrado, que asumió en octubre la causa procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), no comparte este planteamiento y explica que un secreto goza de "una protección constitucional": "El secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad, y el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele, y, si otro lo revela, estará quebrantando la reserva inherente a ese secreto y, con ello violando un derecho a la intimidad personal”.

El magistrado concluye que “la confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador" sobre el correo "solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido". Así, zanja que "una cosa era la divulgación consentida del correo, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad", y otra completamente distinta "la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza, y su posterior continuación en la nota del día 14, que podría ser subsumible en el referido artículo 417 del Código Penal".

García Ortiz reitera su inocencia y seguirá al frente de la Fiscalía

Una vez conocido el auto del juez, el fiscal general del Estado ha reiterado su inocencia y se ha reafirmado en "su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución" que lidera, apuntan fuentes del Ministerio Público.

El Gobierno muestra su "confianza plena" en el fiscal general y descarta su dimisión apelando a la "presunción de inocencia"

El Gobierno también mantiene su confianza en García Ortiz y ha descartado este lunes que tenga que dimitir. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado además "categóricamente" que hubiera eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado y ha lamentado que el Supremo haga "una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria". "Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto... El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito", ha subrayado Bolaños.

PP y Vox piden el cese inmediato del fiscal general: "Es el momento de que se vaya él y quien le daba las indicaciones"

El PP y Vox, por su parte, han pedido el cese "inmediato" del fiscal general. "Es el momento de que se vaya el fiscal general y quien le daba las indicaciones", ha reclamado el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales..

Y el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha tildado la situación judicial como el "mayor acto de corrupción en la historia de España" y ha afirmado que "ahora debería estar contemplando su dimisión o el cese inmediato".